Una industria cruel que maltrata mortalmente a los animales
Comprar un cachorro se ha convertido en un debate político entre los defensores de animales y los dueños de negocios que venden mascotas. En el centro de la discusión está el bienestar de perros y gatos.
Comprar un cachorro se ha convertido en un debate político entre los defensores de animales y los dueños de negocios que venden mascotas. En el centro de la discusión está el bienestar de perros y gatos.
MIAMI.- Desde 2015 la dependencia de protección de
animales del Condado Miami-Dade (Animal Services) ha salvado de la eutanasia a
más del 90% de perros y gatos (28.000 mascotas al año) que llegan a esa agencia
condal. Y en 2017 adoptó 9.600 de esos cuadrupedos sin hogar.
En septiembre de 2014, la comisión de Miami-Dade aprobó una
ordenanza con el objetivo de detener la crueldad y el maltrato en los llamados
“puppy mills”, es decir esos criaderos de cachorros que parecían más factorías
de producción en serie de camadas en medio del hacinamiento y la enfermedad.
Además, esa misma ordenanza regulaba la crianza y venta de
perritos y gatos. Dentro de los considerandos de dicha ley condal, se hablaba
de que, al año, en Estados Unidos nacen entre dos y cuatro millones de
cachorros en esos criaderos ilegales.
En otro punto de justificación de la ordenanza se mencionaba
la sobrepoblación de perros y señalaba que Animal Services recibía a
diario entre 70 y 100 mascotas entregadas por personas que no querían tenerlas
en sus hogares.
“Esta junta [de comisionados del Condado Miami-Dade] cree
que debe imponer estándares adicionales para asegurar que la crianza de los
animales se haga de manera humana […] y se establezcan regulaciones adicionales
que gobiernen la venta de perros y gatos […] e invite a los residentes de
Miami-Dade a adoptar las mascotas que se encuentran en los refugios”.
¿Comprar o adoptar?
“En lo personal, tengo un perro y lo adopté”, indicó la
comisionada Sally Heyman del distrito 4 de Miami-Dade. Ella además es la
presidenta del comité de seguridad y salud pública de la comisión condal, el
cual, entre otras cosas, supervigila la acción de Animal Services.
Pero Heyman cree que la alternativa de adoptar tiene
límites. Por una parte cuando hay personas alérgicas a ciertas razas y no
pueden encontrar en los refugios una con la que se encuentren a gusto y, por lo
tanto, tienen que comprar la mascota.
El otro punto que señala la comisionada es que “somos una
democracia, hay diversidad, debemos permitir a la gente que pueda vender
perros, pero que no provengan de puppy mills. Como comisionada, yo no
puedo forzar a la gente a tener mascotas adoptadas”.
Hace cerca de un mes la Comisión del Condado Miami-Dade le
negó a Ron Book – presidente del Homeless Trust y uno de los cabilderos más
influyentes de Florida – el permiso para poder cabildear en Tallahassee a
nombre de la industria de las tiendas de mascotas, porque tenía el propósito de
interceder ante los congresistas estatales para que les limitaran a las
ciudades y condados la potestad de promulgar leyes o regulaciones que pudieran
prohibir del todo la venta de cachorros y gaticos.
En ese momento se recrudeció el conflicto entre los dueños
de negocios como la franquicia PetLand y los activistas defensores de animales.
De acuerdo con Book – quien de todas maneras sigue siendo
cabildero de ese negocio de venta de mascotas, aunque ya no puede influir para
reducirles el poder a los condados y municipios- “hay gente que ha venido de
Broward al condado Miami-Dade en un intento para influir en nuestras leyes y
convencer a la gente de que hay una situación fuera de control relacionada con
los abusos contra los animales.
En segundo lugar, no hay ninguna definición
legal, ni en los estatutos ni en las reglas, de puppy mill, usan esa
expresión para hacerle creer a la gente que todos esos abusos de animales
suceden en esos sitios”.
A pesar de lo afirmado por Book, la expresión “puppy mill”
sí existe en los códigos de la constitución condal, en su sección 5-10. “La
junta de comisionados del Condado Miami-Dade encuentra que los “puppy mills” y
factorías de gaticos son instalaciones inhumanas e insalubres en las cuales no
se tiene en cuenta la salud de los animales y cuentan con poco personal con el
propósito de maximizar las ganancias”.
El presidente del Animal Trust, Michael Rosenberg, es
determinante: “El dueño de PetLand dice que sus perros vienen de buenos lugares
pero yo no sé qué tipo de sitios son esos. La industria como un todo tiene
problemas, la manera como son criados los animales, padecen enfermedades.
Ellos
[los vendedores de mascotas] dan una garantía sobre los perros por dichas enfermedades,
es una industria que necesita ser regulada y monitoreada de una manera mucho
más estricta”.
De acuerdo con la comisionada Heyman, el PetLand de Kendall
no vende cachorros provenientes de esas fábricas salvajes de perritos.
Luís Márquez es el dueño de esa tienda y otras cuatro, la
más grande se encuentra en Pembroke Pines, en el condado Broward.
Según sus cálculos, el 67% de la operación de su negocio
está basado en la venta de cachorros. Por lo tanto, si hubiera una ordenanza
condal que le prohibiera vender esos animales, “nos quiebran de inmediato,
tendríamos que cerrar”.
Y ante esa eventualidad, no tendría tampoco un “plan B”. “Yo
espero que ningún gobierno deba en este país ir a una empresa y decirle que
tiene que cambiar su modelo de negocio”, puntualizó.
Rosenberg matizó su posición frente a la situación de los
establecimientos que venden mascotas. “Si las tiendas pueden demostrar que sus
animales provienen de sitios que han sido inspeccionados, ellos ahí tienen un
argumento, pero el problema es que esos sitios de donde vienen no son
constantemente inspeccionados en el tema de salud, el gobierno federal los
revisa una o dos veces al año, es una industria susceptible de que pasen cosas
malas”.
Márquez, sin embargo, indicó que la manera cómo opera su
negocio de familia (sus padres son socios) es una garantía para que no lleguen
animales enfermos a las manos de los compradores.
“Antes de salir del criadero, a los cachorros los tiene que
ver un veterinario. Antes de ser recogidos por una empresa de transporte, un
veterinario da la autorización para que pueden viajar. Y antes de que nosotros
los aceptemos, nuestro veterinario los revisa. Por lo tanto, a los perritos los
ven tres expertos y ellos certifican su salud”, expresó Márquez.
De todas formas el Animal Services de Miami-Dade
es la encargada de hacer respetar las secciones 5-9 y 5-10 de la carta
constitutiva condal, relacionadas con las ventas de mascotas en las tiendas y
establecimientos comerciales de cría de perros y gatos.
Según Book, sólo el 3% de cachorros y gaticos se compran en
las tiendas de mascotas de Estados Unidos. Ante esa situación su argumento es
que abolir la venta de esos animales no cambiará nada “con respecto a lo que
hagan o dejen de hacer los criaderos localizados en Idaho, Iowa o Missouri. Hay
criaderos comerciales que están regulados por el USDA, [el departamento de
agricultura de Estados Unidos] y existe otro grupo que no está regulado. El
100% de las tiendas de mascotas que represento, tanto las cadenas como las
independientes, compran en criaderos regulados por el USDA”.
Hace 13 años había 90.000 criaderos de perros y gatos
supervigilados por el USDA. Pero hace cerca de una década esa cifra se redujo a
1.670 en razón de un informe del inspector general de Estados Unidos en el que
se descubrieron abusos en esos lugares. “Lo que quieren hacer los defensores de
animales es proponer legitimas regulaciones y estándares de cómo se cuidan y
adquieren los animales. Nosotros apoyamos eso. Pero abolir y acabar con tales
negocios es equivocado. Esta no es una dictadura como en Cuba o Venezuela,
donde el gobierno dicta todo”.
Propuesta
Para Heyman hay razas de perros en la que existe
sobrepoblación. Pero no es una situación que se pueda extender a toda la
población canina.
Márquez no cree que haya ese fenómeno en Miami-Dade, pero
tiene una propuesta que consiste en que le pagaría al Animal
Services la esterilización de los perros y gatos - hembras y machos- que
vende en su negocio. Es decir, los compradores no tendrían que pagar por ese
servicio, que cuesta, en esa agencia condal, entre $40 y $50.
Márquez aún no ha recibido una respuesta oficial de la
administración del alcalde Carlos Giménez. El gran reto entonces está en cómo evitar que las mascotas
que se vendan no provengan de esos sitios de maltrato y crueldad animal.
Para los defensores de animales como Rosenberg el escenario
ideal sería que hubiera en el condado los criaderos que funcionan como hobby,
tipificados en la ley condal como “aquellas personas o entidades que son
miembros activos de una organización de crianza nacional, estatal o local y que
aloja o cría gatos o perros con el propósito de mejorar la raza, mostrarlos en
exhibiciones organizadas por instituciones nacionales o estatales o proveer
animales para uso de la autoridades”.
De acuerdo con el presidente del Animal Trust, a esos
criaderos se les debiera permitir tener dos camadas al año, supervigiladas por
el servicio local de animales. “Cuando la industria esté bajo control, cuando
las leyes evolucionen hacia lo que debe ser aceptable para la mayoría de
activistas y defensores de animales, entonces hablaremos, pero por ahora eso no
está pasando”.
Book subrayó que los individuos deben tener la posibilidad
de escoger qué tipo de mascota quieren tener. Márquez precisó que las prácticas
del pasado no son aceptables y que “los sitios donde adquiere sus perros han
cambiado sus instalaciones, la manera como socializan a esos animales, que
hagan ejercicio tres veces al día. Hay personas que no han cambiado y deben
cerrar sus negocios”, enfatizó Márquez.
Diario de Las Americas / 13 de junio de 2018 - 11:06 - Por SERGIO OTÁLORA
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